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Colección Derecho y Política

La colección Derecho y Política busca promover los estudios interdisciplinarios sobre la interacción entre el derecho, la política y los tribunales, un área del conocimiento que ha cobrado particular importancia en los últimos veinte años. Los trabajos que se inscriben en esta tradición incorporan una mirada compleja sobre las instituciones, los actores políticos y los movimientos sociales, a la vez que se nutren de la observación empírica. La serie conjuga distintos marcos conceptuales, como los estudios críticos del derecho, la teoría institucionalista, los modelos actitudinales o estratégicos y la sociología crítica, y se propone como una contribución de interés para historiadores, sociólogos, economistas o politólogos. La colección está dirigida por Roberto Gargarella y Paola Bergallo.

Contra el gobierno de los jueces

Contra el gobierno de los jueces

Ventajas y desventajas de tomar decisiones por mayoría en el congreso y en los tribunales

Jeremy Waldron

¿Es democrático que un pequeño número de jueces, no elegidos por el pueblo ni representativos de él, decidan sobre la constitucionalidad de una ley o la extensión de derechos que afectan a millones? Más aún: ¿lo es que esas decisiones sean el resultado de votaciones que puede ganar una exigua mayoría de 5 contra 4, como sucede en los Estados Unidos? Para Jeremy Waldron –uno de los autores más prolíficos e influyentes del derecho constitucional y la filosofía política de nuestro tiempo–, la respuesta es negativa. Como uno de sus críticos más radicales, Waldron no ha dudado en afirmar que el control judicial de constitucionalidad –es decir, el poder de los tribunales de abstenerse de aplicar una ley si consideran que contradice el texto constitucional– representa una “ofensa” a la democracia y un “insulto” a la ciudadanía políticamente comprometida.

El aborto en américa latina

El aborto en américa latina

Estrategias jurídicas para luchar por su legalización y enfrentar las resistencias conservadoras

Paola Bergallo (comp) , Isabel Cristina Jaramillo Sierra (comp) , Juan Marco Vaggione (comp)

Legalización versus criminalización, servicios médicos seguros versus clandestinidad, liberalización versus restricciones conservadoras: el aborto en América Latina presenta un abanico de situaciones tan contradictorio y diverso como nuestras sociedades. En esta trama compleja, quienes luchan por la legalización y quienes resisten esas reivindicaciones recurren cada vez más al derecho para fundar sus demandas. ¿Qué herramientas jurídicas permiten promover con éxito en los tribunales las posiciones pro-liberalización?

Las cuentas pendientes del sueño americano

Las cuentas pendientes del sueño americano

Por qué los derechos sociales y económicos son más necesarios que nunca

Cass R. Sunstein

“Son demasiados los ciudadanos que no tienen presente la medida en que su propio bienestar es producto de un sistema de gobierno que los beneficia todos los días”, escribe Cass R. Sunstein, uno de los más respetados y prolíficos constitucionalistas de nuestro tiempo, quien sitúa su análisis en los Estados Unidos, pero ahonda sobre los problemas teóricos y prácticos de la aplicación de los derechos sociales y económicos en cualquier democracia.

Empresas y derechos humanos en el siglo XXI

Empresas y derechos humanos en el siglo XXI

La actividad corporativa bajo la lupa, entre las regulaciones internacionales y la acción de la sociedad civil

César Rodríguez Garavito (editor)

En una economía globalizada como la actual, uno de los retos más relevantes en materia de derechos humanos es qué tipo de regulación deben tener las empresas. ¿Cómo cerrar la brecha entre los procesos económicos transnacionales, por un lado, y la regulación de los deberes y las responsabilidades de las compañías y los Estados, por el otro, para proteger los derechos humanos y asegurar la responsabilidad de los autores en caso de violaciones? Y además, ¿qué hacer con el contraste entre el plano de los estándares globales y el plano de los reclamos concretos de activistas y movimientos sociales que litigan ante los tribunales o emprenden campañas para acceder a medicamentos esenciales, proteger tierras de comunidades indígenas o luchar contra el trabajo infantil?

Derecho y desarrollo

Derecho y desarrollo

Guía fundamental para entender por qué el desarrollo social y económico depende de instituciones de calidad

Michael Trebilcock , Mariana Mota Prado

¿Por qué algunas sociedades logran mayor desarrollo que otras? ¿Hasta qué punto ayuda a promoverlo, en ciertos países, el correcto funcionamiento de la justicia y las instituciones? E incluso, ¿a qué llamamos desarrollo? ¿Es lo mismo que el crecimiento, o involucra también la discusión acerca de qué constituye una buena vida?

Las audiencias públicas de la Corte Suprema

Las audiencias públicas de la Corte Suprema

Apertura y límites de la participación ciudadana en la justicia

Miguel Ángel Benedetti , María Jimena Sáenz

La crisis argentina de 2001 afectó la credibilidad del sistema político y golpeó también, duramente, la legitimidad del máximo órgano del Poder Judicial. El proceso de renovación que se inició entonces implicó cambios en el elenco de jueces de la Corte Suprema así como una serie de reformas destinadas a reforzar el vínculo de la justicia con la ciudadanía y a difundir una nueva imagen de ese tribunal, para dotarlo de mayor transparencia de cara a la sociedad. Entre esas reformas, la práctica de las audiencias públicas fue el eslabón clave, porque prometía dar voz y visibilidad a los principales afectados por ciertas causas –la contaminación del Riachuelo, la sobrepoblación carcelaria, la Ley de Medios– y abrir el camino para una transformación institucional más amplia.

Más allá de la igualdad formal ante la ley

Más allá de la igualdad formal ante la ley

¿qué les debe el estado a los grupos desaventajados?

Roberto Saba

Durante las últimas décadas, la promesa de igualdad y su búsqueda han sido una constante en las prácticas, las normas y la reflexión jurídicas, lo que reafirma que ni el Estado ni los individuos deben decidir o realizar acciones discriminatorias guiadas por prejuicios y estigmatizaciones. De ahí que nuestras democracias consideren irrazonables y prohíban aquellos requisitos que puedan restringir el goce de derechos constitucionales: una estatura mínima para ejercer la docencia, determinada apariencia física para obtener un empleo o pautas de edad, género o nacionalidad para acceder a cargos en la función pública.

 

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